Privatizaron el agua: quién se lleva AYSA y qué implica la privatización

Por Lisandro Bellomio

El Gobierno adjudicó la empresa por US$340 millones, un monto por debajo de lo que esperaba Economía. Entre la promesa de inversiones y la memoria de los 90, la discusión de fondo recién empieza.

El Gobierno de Javier Milei concretó este jueves la mayor privatización de servicios públicos de su gestión. El consorcio encabezado por Rowing se quedó con AySA al presentar la oferta más alta: US$340,2 millones por el 90% de las acciones.

Quiénes son los ganadores

El consorcio está integrado por Rowing, Transclor, Arcos Saneamento e Participações y el fondo neerlandés PHX Aqua. Detrás de las dos primeras están dos empresarios conocidos del poder económico: Walter Román y Mauricio Filiberti, este último socio en Edenor. La firma brasileña Arcos, del Grupo Equipav, fue designada como operador técnico.

Los vínculos políticos y comerciales no pasaron inadvertidos. Walter Román es el fundador y CEO principal de Rowing S.A. y director de distintas empresas en rubros como logística, salud y tecnología, ha sido señalado en la escena pública como aportante de campaña de La Libertad Avanza y su grupo empresario ha tenido participación en diversas licitaciones y proyectos vinculados al Estado. Por otro lado, Transclor es histórico proveedor exclusivo de policloruro de aluminio, un insumo vital para la potabilización del agua en AySA. Es decir, uno de los ganadores ya era proveedor de la empresa que ahora controla.

Un precio por debajo de lo esperado

La licitación se hizo sin precio base y solo tuvo dos oferentes. Economía esperaba otra cosa: las dos propuestas quedaron por debajo de los US$450 millones que calculaba el Ministerio, y en mayo se hablaba de unos US$500 millones, fondos que serían utilizados para afrontar vencimientos de deuda en moneda extranjera. La oferta ganadora valora el 100% de AySA en unos US$378 millones; con la deuda de US$70 millones que deberá asumir el comprador, la operación llegaría a unos US$447 millones. 

El Gobierno justificó la venta con el argumento de siempre: que AySA «era un modelo de disfunción administrativa» y que hay que cortar el uso de recursos de los contribuyentes.

La concesión será por 30 años, con posibilidad de extenderse por otros 10. El contrato fija para 2027-2031 un plan de acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El consorcio, por su parte, informó que asume el compromiso de invertir US$1.940 millones en los primeros cinco años y US$15.040 millones en los 30 años del contrato.

Falta todavía un paso formal: la revisión final de la Comisión de Evaluación. La firma del contrato de compraventa está prevista entre octubre y noviembre.

Cuadro comparativo de propuestas del portal ContratAr

En la imagen puede observarse la otra oferta realizada por parte del Grupo Roggio, el gran derrotado de la licitación, que ofertó US$285 millones. 

Cómo fue la privatización en los 90 y el proceso para llegar a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)

Obras Sanitarias de la Nación (OSN) se creó en 1912 y durante décadas manejó el agua y las cloacas. En el marco del plan de privatizaciones de Menem, en 1993 el Gobierno firmó la concesión con Aguas Argentinas S.A., liderada por el grupo francés Suez, por 30 años. 

Un análisis académico realizado por Daniel Azpiazu habla de casi trece años de reiterados incumplimientos y sucesivas renegociaciones donde la complacencia oficial resultó funcional a los intereses de la empresa. Para 1997 eran habituales el aumento real de tarifas, sobre todo para los sectores de menores ingresos por los cargos fijos, el perdón de multas por no cumplir metas de expansión e inversión, y la postergación de obras.

Después llegó la crisis de 2001, terminó la convertibilidad, se pesificaron y congelaron las tarifas, y la relación entre la empresa y el Estado se volvió conflictiva. 

En 2003 los accionistas extranjeros iniciaron un arbitraje ante el CIADI por el trato recibido. Para aquellos que desconozcan, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es una institución internacional de arbitraje, conciliación y mediación con sede en Washington D. C., que administra controversias legales que surgen entre inversionistas extranjeros y Estados.

El final llegó cuando el 21 de marzo de 2006 Néstor Kirchner rescindió la concesión mediante el Decreto 303/2006, alegando incumplimientos contractuales en materia de inversiones y calidad del servicio. De esta manera nació AySA, con 90% estatal y 10% de los trabajadores, el sindicato del sector (SGBATOS) administraba este porcentaje, garantizando la representación de los empleados en el directorio de la empresa.

Lo que viene

La discusión de fondo no es solo quién ganó, sino quién controlará el cumplimiento de las metas. Con un regulador que deberá fiscalizar a un operador con vínculos cruzados con el proveedor y el poder político, la calidad del control será clave. También lo serán las tarifas: la oferta fue menor a la esperada, y la rentabilidad del negocio dependerá de cómo se ajuste el precio del agua.