Crisis de vivienda en España: tener un techo es un derecho

Por Lisandro Bellomio

Ayer durante la tarde se oficializó un decreto del gobierno español que establece una serie de medidas como respuesta a las manifestaciones que se realizaron en más de veinte ciudades debido a la crisis habitacional que atraviesa el país.

Las manifestaciones comenzaron a partir de un claro detonante: el desalojo de Maricarmen, una anciana de 87 años con discapacidad que fue desalojada en camilla de su casa el pasado 23 de septiembre, tras más de siete décadas viviendo en ella. Su caso se convirtió en el símbolo de una crisis que llevaba años gestándose en silencio. La imagen de la mujer siendo evacuada mientras vecinos intentaban frenar el operativo recorrió las pantallas y desató una indignación que no pudo contenerse.

Ahora bien, ¿qué implica la crisis habitacional española?

Según el índice de accesibilidad a la vivienda elaborado por el Banco de España, en los últimos años se ha producido una caída de más del 30% en la capacidad de los españoles para acceder a una vivienda. Este fenómeno responde, fundamentalmente, al encarecimiento de los precios de la vivienda.

Esto es, los precios de la vivienda se han disparado aumentando un 53% en la última década. Al anualizar las tasas de crecimiento, el promedio de aumento de los precios de la vivienda en términos nominales ha sido del 4,4%, mientras que en términos reales este porcentaje ronda el 2,5%.

En cuanto al mercado del alquiler, sobresale el aumento de personas que residen bajo este régimen. Esta tendencia al alza resulta especialmente pronunciada entre los hogares más jóvenes: la mitad de los hogares cuyo cabeza de familia tiene entre 16 y 29 años vive en alquileres a precio de mercado, mientras que, en el tramo de 30 a 44 años, esta modalidad abarca a uno de cada tres hogares.

Una crisis que también golpea a Argentina

La situación argentina comparte varios rasgos con la española: contratos de alquiler con exigencias de garantías difíciles de cumplir —como recibo de sueldo en blanco, garantía propietaria o seguro de caución—, aumentos que superan la evolución de los salarios, y una oferta de vivienda construida a través de obra pública que no alcanza a cubrir la demanda.

En el caso de los jóvenes, la dificultad para emanciparse se vuelve especialmente notoria: sin acceso al crédito hipotecario, con alquileres que absorben una porción creciente de sus ingresos y sin políticas específicas que incentiven su inserción en el mercado formal, la posibilidad de vivir de manera independiente se posterga cada vez más. La comparación con España no sugiere una receta única, pero sí invita a preguntarse qué herramientas podrían adaptarse al contexto argentino.

¿Qué medidas tomará el gobierno español como respuesta?

El Gobierno español aprobó en el Consejo de Ministros un conjunto de medidas que integran el llamado Decreto Maricarmen. En concreto, el decreto contempla seis ejes fundamentales:

1.Prórroga ampliada de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2028, acompañada de la renovación automática de dichos contratos.

2.Suba del 0% en los contratos que superen el índice de referencia de vivienda, es decir, se congelan las rentas.

3.Regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, modalidades que hasta ahora escapaban al control de precios.

4.Paralización de los desahucios hasta el año 2030, medida que protege especialmente a los inquilinos en situación de vulnerabilidad.

5.Prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre, limitando así la entrada de capital especulativo en el mercado residencial.

6.Renovación automática de los contratos de alquiler.

Así lo festejaba la Ministra de Sanidad de España, Mónica García:

Un paso decisivo pendiente

No obstante, este paquete de medidas aún se encuentra en la etapa de «aprobado por el Consejo de Ministros» y le resta un paso decisivo para entrar en vigor: su convalidación en el Congreso. El Ejecutivo ya solicitó la celebración de un pleno extraordinario este viernes para someter a votación dos decretos relacionados con la vivienda. Sin embargo, el bloque de investidura no cuenta con una mayoría estable en la Cámara, por lo que obtener los apoyos necesarios sigue siendo una incógnita.

Reflexiones para Argentina

Para un país como Argentina, donde el acceso al alquiler también se ha vuelto una odisea, donde los desalojos se ejecutan con frecuencia sin instancias de mediación efectivas y con familias que terminan en la calle ante la falta de alternativas habitacionales, la experiencia española ofrece elementos concretos para analizar.

La comparación con España no sugiere una receta única, pero sí invita a preguntarse qué herramientas podrían adaptarse al contexto argentino, y qué rol le cabe a la sociedad civil en ese proceso. La crisis habitacional no es un fenómeno exclusivamente español ni argentino: es una problemática global que exige respuestas estructurales, pero también voluntad política y organización social para hacerlas posibles.