LAS FUERZAS DEL SUELDO II

El truco más viejo de nuestra política es este: la casta nunca es uno mismo. Siempre es el otro. Y cuando el poder cambia de manos, el método muchas veces queda intacto: un Estado que se usa como botín, un entramado de puestos, categorías, contratos y “funciones” que sirven para sostener pertenencias, lealtades, roscas o simplemente para premiar alineamientos.

Hay algo que el discurso libertario repite como un mantra: “no hay plata”, el Estado es “gigante”, está lleno de “privilegios” y de “curros”, y la solución es recortar, cerrar, auditar, ajustar. Bajo esa bandera se justificaron despidos, recortes presupuestarios y la demonización de áreas enteras, con el INCAA como uno de los blancos preferidos. Hasta ahí, el relato: “limpieza”, “austeridad”, “fin de la casta”.

El problema es que, cuando aparecen documentos y capturas que muestran designaciones, legajos y relaciones de dependencia de personas vinculadas al nuevo oficialismo —o que, como mínimo, se mueven cómodas en el circuito estatal— el relato se choca con una pregunta incómoda: ¿quiénes son los que se quedan con el Estado cuando el Estado “se achica”?

Lo que se ve en ese material que circula en redes (y que se comparte como denuncia) es un combo muy argentino: un nombre asociado a registros administrativos, señalado como personal con función “administrativa” en el ámbito del INCAA, con referencias a relaciones de dependencia y recorridos por distintos organismos. Más allá de la discusión técnica de cada papel, el impacto político es directo porque no habla de “políticas públicas” sino de algo más básico: la coherencia moral de quienes prometieron terminar con el sistema de cargos y acomodos.

La “casta” como método, no como enemigo

El truco más viejo de nuestra política es este: la casta nunca es uno mismo. Siempre es el otro. Y cuando el poder cambia de manos, el método muchas veces queda intacto: un Estado que se usa como botín, un entramado de puestos, categorías, contratos y “funciones” que sirven para sostener pertenencias, lealtades, roscas o simplemente para premiar alineamientos.

Si el libertarismo venía a romper esa dinámica, no alcanza con señalar a gobiernos anteriores. La vara se prueba en el presente. Y la pregunta que emerge frente a este tipo de casos es demoledora por su simpleza:

• ¿La persona señalada trabaja efectivamente donde figura?
• ¿Qué tareas concretas cumple y cómo se controla su cumplimiento?
• ¿Hay incompatibilidades o superposiciones de cargos/empleos?
• ¿Qué antecedentes justifican el lugar que ocupa?
• ¿Por qué, en un organismo que se pretendía “ordenar”, aparecen señales de continuidad de la lógica de siempre?

No se trata de condenar a alguien por existir en un registro. Se trata de exigir la transparencia que el propio espacio político prometió. Porque si la respuesta a la sospecha es silencio, chicana o negación automática, el mensaje queda claro: el problema no era el sistema; el problema era quién lo administraba.

El INCAA como símbolo de una contradicción

El INCAA fue instalado como símbolo del “gasto cultural” y del “curro”. Se lo puso en la mira para demostrar firmeza: “acá se termina”. Pero cuando en el mismo tablero aparecen señales de empleos administrativos y recorridos estatales ligados a personas que orbitan el nuevo poder, el golpe es doble: no solo por el caso puntual, sino porque revela una lógica que se repite en todos los gobiernos argentinos.

El ajuste suele tener un patrón: cae sobre los que menos capacidad tienen de defenderse (trabajadores de planta sin estructura política, contratados, sectores sin prensa), mientras que la rosca, los puestos estratégicos y las designaciones con cobertura partidaria se reacomodan, cambian de color y siguen funcionando.

Esa es la “casta” real: no un apellido, sino un mecanismo de supervivencia dentro del Estado. Y si ese mecanismo sigue intacto, el relato del cambio se vuelve una puesta en escena.

El punto más sensible: la idea de “doble ventanilla”

Cuando el material sugiere (o deja entrever) la existencia de más de un vínculo estatal —ya sea actual o pasado, ya sea simultáneo o encadenado— aparece otra alarma, porque la Argentina ya vio demasiadas veces el circuito de la “doble ventanilla”: entrar por un organismo, pasar por otro, acumular posiciones, moverse por estructuras públicas como si fueran un mercado interno.

Aun cuando parte de esos recorridos sean históricos o no simultáneos, lo que se espera de un gobierno que prometió “auditar todo” es justamente lo contrario: claridad absoluta.

Porque el problema no es que alguien haya trabajado en el Estado. El problema es cuando el Estado se convierte en una carrera de cargos al servicio de pertenencias políticas, mientras se predica contra “privilegios” ajenos.

Lo que debería pasar si el gobierno quiere ser creíble

Si de verdad hay voluntad de romper con el pasado, el camino es sencillo. No requiere épica: requiere datos.

1. Publicar funciones y responsabilidades del cargo señalado (qué hace, dónde, con qué metas).
2. Publicar modalidad de contratación y régimen (categoría, dependencia, duración, renovaciones).
3. Mostrar control de asistencia y desempeño (no para humillar: para transparentar).
4. Aclarar compatibilidades e incompatibilidades si existen otros vínculos laborales estatales.
5. Abrir auditorías reales sin selectividad: que no sean solo para castigar al adversario, sino también para revisar a los propios.

Si el gobierno no hace eso, cada caso que se viraliza funciona como un espejo: devuelve una imagen difícil de sostener.

El verdadero riesgo: que “anticasta” sea solo marketing

El daño más grande de estas situaciones no es reputacional. Es político y cultural. Porque cuando una fuerza llega con promesa de moral pública y termina siendo percibida como otro administrador del mismo sistema, el resultado es devastador: más cinismo, más descreimiento, más abstención, más bronca.

En otras palabras: la promesa anti-casta solo sirve si aplica para todos, incluso (sobre todo) para los propios.

Y por eso, lo que circula sobre este caso no debería cerrarse con militancia defensiva ni con linchamiento automático. Debería abrirse con lo único que ordena de verdad: transparencia. Si hay trabajo real, que se muestre. Si hay incompatibilidades, que se corrijan. Si hay acomodo, que se termine.

Porque si el “nuevo” país reproduce el mismo mecanismo de siempre, entonces no hubo cambio: hubo recambio. Y la casta, una vez más, fue solo el nombre que se le pone al otro.