La vara libertaria: ajuste para las aulas, excepciones para los propios

El libertarismo dice odiar al Estado, pero a la hora de administrar poder lo usa como lo usaron todos: cargos, suplementos y excepciones.

Durante meses, el ecosistema libertario construyó un enemigo conveniente: la universidad pública y, en particular, la UBA. En redes se repitió el libreto de siempre: “privilegios”, “sueldos”, “ñoquis”, “gasto”. Se señalaba a docentes e investigadores como si fueran la explicación de todos los males, mientras se celebraba el supuesto advenimiento de una nueva moral pública: la del “fin de la casta”.

Pero cuando uno baja del slogan al Boletín y a los papeles del Estado, la épica se desinfla.

Una resolución de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación prorroga una designación transitoria a favor de Rocío Ángeles Julieta Gómez como Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales en la Subsecretaría de Gestión Institucional, bajo el régimen SINEP (Nivel B – Grado 0), por 180 días hábiles desde el 3 de diciembre de 2025. Hasta ahí, podría ser “solo” otra prórroga administrativa.

El punto político —y el escándalo moral— aparece en la letra chica: el mismo texto autoriza el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV y, todavía más grave, lo hace “con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos” previstos en el artículo 14 del ordenamiento. Es decir: un plus ejecutivo y una excepción porque la designada no cumple los requisitos mínimos.

Si esto no se parece al manual de “casta”, ¿a qué se parece?

Del “mérito” al atajo

El libertarismo dice odiar al Estado, pero a la hora de administrar poder lo usa como lo usaron todos: cargos, suplementos y excepciones. El discurso de “meritocracia” se vuelve humo en el preciso instante en que el propio gobierno firma que alguien no cumple requisitos mínimos… y aun así le habilita un adicional de función ejecutiva.

En el mundo real, “excepción” es la palabra que se utiliza para lo que no se puede justificar de manera limpia con reglas generales. Y cuando esas excepciones se vuelven moneda corriente para militantes de turno, el sistema no se achica: se coloniza.

El doble estándar: docentes en la mira, militancia premiada

La situación se vuelve aún más irritante por el contexto: esta misma persona —según su perfil y sus posteos públicos, y de acuerdo a lo que circula en redes— fue presentada como una voz que atacaba a la UBA y cuestionaba lo que ganan los docentes. Bajo esa lógica, el mensaje era: “ellos cobran demasiado”.

Ahora el espejo se da vuelta: se difunde que su remuneración rondaría los $2.274.262 mensuales. Ese número debería aclararse oficialmente (bruto/neto, con o sin suplementos) porque el Estado no puede pedir austeridad con opacidad. Pero incluso sin discutir el monto exacto, hay un dato objetivo que es imposible de maquillar: hay una prórroga de designación transitoria y un suplemento ejecutivo Nivel IV con autorización excepcional por no reunir requisitos mínimos.

Con ese combo, la pregunta no es ideológica. Es ética.

• ¿Qué antecedentes y experiencia justifican el rol de “Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales”?
• ¿Cuál fue el criterio de selección?
• ¿Por qué se otorgó una autorización excepcional?
• ¿Qué evaluación de desempeño respalda el suplemento de función ejecutiva?
• ¿Por qué el gobierno que se presenta como “anti-casta” firma excepciones para los propios?

“No era ajuste, era reacomodo”

La promesa de Milei fue “terminar con los privilegios”. Pero lo que estos papeles muestran no es el fin de los privilegios: es su redistribución hacia adentro. No se elimina la lógica de los premios; se cambia la lista de beneficiarios.

Mientras tanto, a los docentes —los mismos a los que se les exige “productividad”, “esfuerzo” y “austeridad”— se los usa de punching ball en redes, se los acusa, se los degrada, se los convierte en chivo expiatorio. Y cuando toca aplicarse las reglas a uno propio, aparece la palabra mágica: excepción.

Si quieren dar lecciones, empiecen por casa

El gobierno y la Secretaría General tienen una salida sencilla si creen que no hay nada que ocultar:

1. Publicar CV, funciones y objetivos del cargo.
2. Explicar la excepción: qué requisito no se cumple y por qué se habilita igual.
3. Transparentar la remuneración total (incluyendo suplementos) y su fundamento.
4. Establecer criterios verificables para que la “función ejecutiva” no sea un plus automático para militantes.

Porque si no lo hacen, el mensaje queda escrito sin necesidad de editoriales: la casta no era un sistema… era un club del que querían ser socios.