Ricardo Alfonsín se planta contra la privatización de AYSA y advierte sobre los riesgos para el acceso al agua

El exembajador y dirigente del Frente Amplio por la Democracia criticó duramente la decisión del Congreso de habilitar la privatización de AYSA sin condiciones claras. Alfonsín, que será candidato a diputado provincial en las próximas elecciones, defendió el rol del Estado y alertó sobre el impacto en los sectores más vulnerables.

Ricardo Alfonsín volvió a marcar diferencias con los sectores que, desde el Congreso, avalaron el avance del gobierno nacional sobre empresas estatales estratégicas. En esta oportunidad, el dirigente del Frente Amplio por la Democracia cuestionó con firmeza la autorización incluida en la Ley Bases que habilita la privatización de AYSA.

En un extenso hilo en redes sociales, Alfonsín señaló que la “oposición amigable” actuó con imprudencia, al aprobar la ley sin discutir a fondo los términos y condiciones de una eventual venta de la empresa estatal. “Fue, en la práctica, una autorización amplia, casi un cheque en blanco, que dejó en manos de ‘un Topo que ama destruir el Estado’ una decisión estratégica”, escribió el exembajador en clara alusión al presidente Javier Milei.

Alfonsín advirtió que la experiencia de los años ’90 dejó una enseñanza clara: la privatización de los servicios públicos sin controles ni resguardos solo genera deterioro, exclusión y retrocesos en derechos básicos. “No se cumplieron las inversiones, se deterioró el servicio, y no se amplió el acceso al agua y las cloacas”, afirmó, recordando que muchas concesiones terminaron siendo rescindidas por el propio Estado ante los incumplimientos de las empresas.

Alfonsín también recordó las consecuencias de las privatizaciones de los años 90, que terminaron en servicios deteriorados, promesas de inversión incumplidas y graves problemas sanitarios y ambientales por la falta de infraestructura. “El Estado terminó pagando las consecuencias de lo que el mercado no hizo”, advirtió.

Para el candidato del Frente Amplio por la Democracia, el rol del Estado en la gestión del agua es irrenunciable. “El agua es un derecho humano básico, no un negocio. Debe garantizarse siempre, independientemente de la capacidad de pago del usuario”, sostuvo. Además, pidió que cualquier intento de concesión respete la jurisprudencia de la Corte Suprema que impide cortar el servicio a quienes no puedan abonarlo.

Con estas declaraciones, Alfonsín se posiciona como una de las voces más firmes contra el avance de la privatización de derechos esenciales. En un contexto de ajuste y desregulación, su mensaje pone sobre la mesa un debate profundo: ¿hasta dónde puede retirarse el Estado sin poner en riesgo la dignidad de millones?