La casta tiene crédito: polémica por los créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores de la Libertad Avanza

Mientras el ajuste recae sobre la clase media, el «club de amigos» de Luis Caputo se reparte 2.500 millones en créditos hipotecarios VIP con beneficios que ningún ciudadano común podría soñar.

Mientras el Gobierno intenta contener las esquirlas de otros escándalos internos, un nuevo frente de conflicto se abre a partir de la revelación de un acceso masivo de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza a créditos hipotecarios del Banco Nación. La información, que surge de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), detalla el nivel de endeudamiento de al menos nueve figuras vinculadas al oficialismo por montos que, en conjunto, superan los 2.500 millones de pesos. 

Dentro del propio Poder Ejecutivo, algunas voces describen la situación como un «tiro al pie» y una muestra de «torpeza política», señalando que, aunque el mecanismo resulta legal, la falta de explicaciones oportunas impacta directamente en la batalla ética que el propio Presidente propone como bandera de su gestión.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los integrantes de su equipo que tomaron estos préstamos, asegurando que no existe ninguna irregularidad e incluso reveló que él mismo incentivó a sus colaboradores a gestionar los créditos. Caputo argumentó que el desarrollo del crédito hipotecario es el motor de reactivación más importante para el país y calificó de patético que se cuestione la moralidad de funcionarios como Felipe Núñez o Federico Furiase. Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro Caputo, mantiene una deuda inicial de 373 millones de pesos desde febrero de 2025, mientras que Furiase, actual secretario de Finanzas, registra un crédito de más de 367 millones de pesos otorgado en agosto del mismo año.

La lista de beneficiarios se extiende a otras áreas sensibles de la administración y el Poder Legislativo. Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como “Juan Doe”, figura con un crédito de casi 113 millones de pesos. Por su parte, Emiliano Mongilardi, director de YPF, registra una deuda superior a los 309 millones de pesos. En el Congreso, los diputados de LLA también hicieron uso de estas líneas crediticias: Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los 230 y los 279 millones de pesos según los registros relevados.

La controversia escala no sólo por los montos, sino por las condiciones de acceso: al trabajar para el Estado, estos funcionarios cuentan con el privilegio de la inalterabilidad de su puesto de trabajo, una garantía que el ciudadano común no posee. Esta estabilidad laboral les permite acceder a primas y condiciones financieras mucho más favorables que las del resto de la sociedad, lo que alimenta la percepción de un beneficio injusto. A pesar de esto, Caputo insiste en que la toma de estos préstamos es una “oportunidad única que beneficia al país» y que los cuestionamientos son parte de una maniobra para empañar lo que él considera una “herramienta fundamental para la economía». Con este telón de fondo y la inquietud por el impacto en la imagen oficial, el gabinete vuelve a reunirse este lunes en la Casa Rosada para unificar una postura frente a las filtraciones del sistema financiero.

Resulta paradójico que el mismo equipo económico que predica el esfuerzo del sector privado sea el primero en hacer fila en el banco estatal para obtener préstamos millonarios que el ciudadano de a pie jamás verá. 

Si el crédito es para «los amigos de Caputo» y el ajuste es para el resto, ¿cuál es la diferencia real entre este modelo y los privilegios que prometieron combatir?