El Gabinete se atrinchera en la Casa Rosada para blindar a Adorni ante el avance de la Justicia

Entre vuelos internacionales, una jubilada indigente como prestamista y contratos millonarios de su esposa, Manuel Adorni enfrenta un cerco judicial que pone en jaque el discurso de transparencia oficial del gobierno.

Este lunes al mediodía, la Rosada se convierte en el epicentro de una cerrada defensa política. En un acto de apoyo, el Gabinete se reúne para respaldar a Manuel Adorni, en un intento de contener un escándalo que, lejos de mermar, se agrava con el correr de las horas. La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita decidió impulsar nuevas medidas de prueba para desentrañar la evolución patrimonial del funcionario, debido a todas las inconsistencias que van desde viajes de lujo no declarados hasta dudosas operaciones inmobiliarias.

La investigación se centra en un informe de Migraciones que registra entre 15 y 19 vuelos internacionales realizados por Adorni desde 2023 hasta hoy, aun cuando él mismo afirmó públicamente que no viajaba al exterior desde hace dos años. Los documentos oficiales contradicen su versión, detallando incluso un viaje familiar a Aruba de 17 días en un all inclusive de 15.000 dólares en diciembre de 2024. 

Las sospechas del fiscal se fundan en que los informes de Migraciones, no siempre registran el destino final de los vuelos, de modo que las escalas registradas de la familia Adorni a Perú o Ecuador, podrían haber sido conexiones hacia destinos más lejanos.

La situación se torna aún más compleja con la declaración de Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que intervino en las recientes adquisiciones de Adorni con su esposa Bettina Angeletti. 

La fiscalía analiza la compra de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, realizada en 2024 por 249.000 dólares. A esto se suma un departamento en Caballito, valuado en medio millón de dólares pero escriturado por 230.000 dólares. Para justificar los fondos de esta última propiedad, el matrimonio alegó haber recibido un préstamo de dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes al ser consultadas por la prensa negaron rotundamente conocer la operación, ni al mismo Adorni.

Una de las jubiladas, Claudia Sbabo, que le habría prestado 100.000 de los 200.000 dólares a Adorni, figura como indigente según sus ingresos, y el Gobierno de la Ciudad le paga $60.000 mensuales a modo de ayuda. En paralelo, la investigación de Pollicita pone el foco en los movimientos financieros de Angeletti, la esposa del funcionario, y su consultora de coaching ontológico, +BE. Se investiga si los contratos millonarios que la firma selló con empresas como National Shipping S.A. y el Grupo Datco —ambas contratistas de organismos estatales como YPF, ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas— constituyen una de las vías del financiamiento irregular. La denuncia, que también menciona nexos con el Grupo Foggia y licitaciones en Tecnópolis, apunta a un incremento patrimonial desproporcional lleno de omisiones de activos y depósitos en el exterior.

Mientras el cerco judicial se cierra, el ministro Luis Caputo intenta separar la suerte de Adorni del rumbo económico, afirmando que el caso no afecta las inversiones ni el riesgo país, y sosteniendo que el verdadero peligro reside en la posibilidad del retorno del kirchnerismo, al que calificó como el «infierno» para la sociedad.

El Gobierno que llegó para barrer con los privilegios de la política hoy se encierra entre las paredes de la Rosada para proteger a un funcionario que no puede explicar cómo una jubilada indigente le prestó 100.000 dólares. ¿Es este el fin de la superioridad moral o simplemente el nacimiento de una nueva casta que viaja a Aruba mientras el resto del país cuenta los centavos?