Costa Esmeralda: lujo, opacidad y un modelo de country que hoy está bajo la lupa

Hoy, la imposibilidad de escriturar deja a muchos propietarios atrapados. Compraron de buena fe, confiaron en un proyecto “premium” y ahora descubren que su inversión está sostenida sobre bases frágiles. Y al mismo tiempo, el Estado recién empieza a preguntar lo que debió preguntar hace años.

Durante años fue presentado como uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos del país: playas privadas, seguridad extrema, amenities de primer nivel y casas valuadas en millones de dólares. Costa Esmeralda, el country de mar cercano a Pinamar, se convirtió en símbolo de status y exclusividad. Hoy, ese mismo símbolo empieza a mostrar su lado más oscuro: más de 2.000 propiedades que no pueden escriturarse y una investigación fiscal que expone un entramado de irregularidades difíciles de explicar.

La investigación de la DGI puso el foco donde durante años nadie quiso mirar. Propiedades de altísimo valor registradas a nombre de monotributistas, ingresos declarados que no cierran ni de lejos con el patrimonio exhibido y una estructura jurídica que parece diseñada para diluir responsabilidades. El resultado es un escenario tan absurdo como alarmante: casas que se venden por cientos de miles —y hasta millones— de dólares, pero que no pueden escriturarse formalmente.

El corazón del problema está en la figura legal que administra el complejo: la Asociación Civil Social y Deportiva Costa Esmeralda, hoy bajo fiscalización. No se trata de un detalle técnico menor. Es una estructura que, lejos de transparentar la titularidad real de los inmuebles, genera un limbo jurídico que beneficia a unos pocos y deja a miles de propietarios en una situación de enorme vulnerabilidad.

Desde 2004, el desarrollo creció de manera exponencial. Más barrios, más casas, más dinero en juego. Pero ese crecimiento no vino acompañado de la claridad legal y fiscal que debería ser obligatoria en un emprendimiento de esta magnitud. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo avanzar durante dos décadas un proyecto con estas inconsistencias sin que nadie actuara antes?

La investigación revela algo todavía más profundo: la naturalización de un modelo donde el lujo parece estar por encima de la ley. Cuando propietarios con ingresos mínimos declarados figuran como dueños de casas valuadas en millones, no estamos frente a errores administrativos, sino ante un sistema que huele a evasión estructural. Un sistema que, mientras exige sacrificios fiscales al resto de la sociedad, ofrece atajos a quienes pueden pagar el acceso a estos enclaves exclusivos.

Lo más grave es el contraste. Mientras miles de argentinos no pueden acceder a una vivienda propia, mientras pagan impuestos, tasas y servicios cada vez más altos, existen desarrollos donde el dinero fluye sin control, sin escrituras y sin explicaciones claras. Costa Esmeralda no es solo un country: es el reflejo de una desigualdad legal profunda, donde la norma parece flexible para algunos y estricta para otros.

Hoy, la imposibilidad de escriturar deja a muchos propietarios atrapados. Compraron de buena fe, confiaron en un proyecto “premium” y ahora descubren que su inversión está sostenida sobre bases frágiles. Y al mismo tiempo, el Estado recién empieza a preguntar lo que debió preguntar hace años.

La investigación de la DGI no debería ser vista como un ataque al desarrollo inmobiliario, sino como una señal tardía de que incluso el lujo debe rendir cuentas. Porque cuando el país se acostumbra a que los grandes negocios funcionen en zonas grises, el problema no es solo fiscal: es institucional.

Costa Esmeralda ya no es solo el country más lujoso del mar argentino. Hoy es también un caso testigo de cómo el brillo del dinero puede tapar durante años irregularidades que, tarde o temprano, salen a la luz. La pregunta no es si habrá consecuencias. La verdadera pregunta es por qué se llegó tan lejos sin control.