Del caos aéreo al negocio postal: el empresario que defrauda pasajeros ahora se queda con OCA, al calor del gobierno de Milei

La paradoja es brutal. Un empresario que no puede garantizar derechos básicos a los pasajeros ahora manejará envíos, paquetes, documentación y logística comercial. Y lo hará con el aval de un Estado que se desentiende de su función de control y se convierte en socio tácito del negocio.

Mientras miles de argentinos siguen padeciendo cancelaciones, demoras interminables y un servicio aéreo que roza la estafa cotidiana, el empresario detrás de Flybondi da un nuevo salto en su expansión: acaba de quedarse con OCA, una de las empresas más emblemáticas del correo y la logística nacional. No es un dato menor. Es una señal de época.

Se trata del mismo empresario cuya compañía aérea construyó su negocio a fuerza de incumplimientos, sobreventa de pasajes y una degradación sistemática del servicio, pero que aun así logró sobrevivir —y crecer— gracias a un Estado cada vez más permisivo con los grandes jugadores y cada vez más cruel con los usuarios. Hoy, ese modelo de “ganar perdiendo clientes” parece encontrar su premio: absorber empresas estratégicas para la vida económica argentina.

La compra de OCA no es una operación aislada. Se da en un contexto donde el gobierno de Javier Milei decidió retirarse activamente del control, la regulación y la defensa del interés público, dejando el terreno libre para que empresarios con antecedentes más que cuestionables avancen sobre sectores clave. Correos, logística, transporte: áreas sensibles que impactan directamente en pymes, trabajadores y consumidores quedan ahora en manos de quien nunca pudo garantizar algo tan básico como que un avión salga y llegue a horario.

El discurso oficial habla de “libertad de mercado” y “eficiencia privada”. La realidad muestra otra cosa: concentración, falta de controles y negocios que se cierran desde arriba, sin importar la experiencia previa ni el daño acumulado. El mensaje es claro: no importa cómo tratás a la gente, importa cuánto capital tenés y qué tan alineado estás con el poder político de turno.

OCA no es cualquier empresa. Es una firma histórica, con miles de trabajadores, con presencia federal y un rol central en la logística del país. Que pase a manos de un empresario cuya gestión se caracteriza por el ajuste permanente, la precarización y el desprecio por el usuario final genera una alarma que el gobierno elige ignorar. O peor: celebrar.

La paradoja es brutal. Un empresario que no puede garantizar derechos básicos a los pasajeros ahora manejará envíos, paquetes, documentación y logística comercial. Y lo hará con el aval de un Estado que se desentiende de su función de control y se convierte en socio tácito del negocio.

El caso expone algo más profundo que una simple operación comercial. Es el modelo Milei en acción: privatizar sin preguntar, habilitar sin exigir, entregar sin proteger. Un modelo donde los grandes empresarios ganan volumen y poder, mientras los ciudadanos pierden derechos, servicios y herramientas para defenderse.

La pregunta ya no es si este empresario está capacitado para manejar OCA. La pregunta es por qué el Estado permite que alguien que construyó su fortuna defraudando a miles de argentinos siga expandiéndose sin límites. Y la respuesta, incómoda pero evidente, es política.

Porque cuando el ajuste baja y los negocios suben, cuando la desregulación favorece siempre a los mismos, y cuando la “libertad” solo es libertad para los poderosos, lo que se está construyendo no es un país más eficiente, sino un país cada vez más desigual, más concentrado y más indefenso.

OCA cambia de manos. Los argentinos, otra vez, quedan del lado de los que pagan el costo.